Durante los últimos días se ha hecho publico el inicio por parte de la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la apertura de expediente sancionador contra tres importantes compañías nacionales por no garantizar que sus sitios web cumplen con los requisitos de accesibilidad requeridos por la normativa vigente.
De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Quinta de la Ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI-CE) las páginas de Internet de las empresas que presten servicios al público en general de especial trascendencia económica, sometidas a la obligación establecida en el artículo 2 de la Ley 56/2007, deberán satisfacer a partir del 31 de diciembre de 2008, como mínimo, el nivel medio de los criterios de accesibilidad al contenido generalmente reconocidos.
Concretamente quedan obligadas a garantizar el cumplimiento del nivel medio de accesibilidad en todas sus páginas web, aquellas compañías que agrupen a más de cien trabajadores o que su volumen anual de operaciones, calculado conforme a lo establecido en la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido, exceda de 6.010.121,04 euros y que, en ambos casos, operen en alguno de los siguientes sectores económicos: Servicios de comunicaciones electrónicas a consumidores; Servicios financieros destinados a consumidores; Servicios de suministro de agua a consumidores; Servicios de suministro de gas al por menor; Servicios de suministro eléctrico a consumidores finales; Servicios de agencia de viajes; Servicios de transporte de viajeros por carretera, ferrocarril, por vía marítima, o por vía aérea y en su caso compañías que desarrollen actividades de comercio al por menor.
El incumplimiento de las obligaciones de accesibilidad web es considerado por parte del Real Decreto Legislativo 1/2013, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, una infracción grave que podrá implicar una sanción de hasta 90.000,00 €.
En caso de que su compañía se encuentre incluida en el ámbito de aplicación de la normativa, no dude en contactarnos en el 916 468 222 – 917 816 160 o 644 020 196 para recibir el asesoramiento tanto jurídico, como técnico adecuado en esta materia.